Economicas

Los problemas del sistema de la seguridad social de Nicaragua

Néstor Avendaño / Colaboración / El Aventino

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El sistema de la seguridad social de Nicaragua es de reparto y solidario. En otras palabras, los trabajadores de hoy pagan las pensiones de los beneficiarios de hoy solidariamente.

El primer problema del sistema de seguridad social de Nicaragua es su viabilidad financiera. Esta viabilidad financiera depende del cociente entre el número de trabajadores activos asegurados y el número de pensionistas, que en 2016, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), fue igual a 4.44

Existen dos razones que explican la disminución de la proporción del número de personas activas aseguradas con respecto al número de pensionistas. La primera es que la longevidad de los nicaragüenses ha aumentado, porque la esperanza de vida se elevó de 45.4 años en el quinquenio 1955-1960 a 74.75 años en el quinquenio 2010-2015, lo cual implica que la población jubilada aumentó.

La segunda razón es que el crecimiento de la población nicaragüense se ha desacelerado, porque la tasa de fecundidad bajó de 7.5 hijos nacidos por mujer en edad fértil en el quinquenio 1955-1960 a 2.5 en el quinquenio 2010-2015, lo cual provoca que el cociente entre jóvenes y ancianos sea menor.

También es importante la relación de la renta de las personas que trabajan con respecto a las prestaciones de los pensionistas: un aumento de la productividad de la economía significa un aumento de la renta y que hay más renta para mantener a los pensionistas. Es por ello que el segundo problema del sistema de seguridad social del país se puede explicar con el muy bajo nivel de la productividad de la economía, es decir, un Producto Interno Bruto (PIB) Real promedio anual por persona ocupada muy bajo.

Al ser baja la tasa de aumento de la productividad de la economía de Nicaragua, la tasa de aumento de la renta también es insuficiente y agrava el problema presupuestario de la seguridad social, el cual se empeora con la inequidad de la distribución de la renta. Esto impide el restablecimiento de la viabilidad financiera del sistema de seguridad social

A los problemas estructurales de la disminución de la proporción de los trabajadores activos asegurados con respecto a los pensionistas y la baja productividad de la economía, se pueden agregar los de una cobertura de la seguridad social bastante limitada y el del bono demográfico que, según el colega Adolfo Acevedo, se extinguirá en 2030.

Aparentemente, el problema financiero del INSS es fácil de resolver, porque se trataría de aumentar las cotizaciones o reducir las prestaciones, o en términos generales, como diría un administrador de empresas, incrementar los ingresos y reducir los gastos. Sin embargo, no hay que olvidar que también se necesita resolver los problemas estructurales del INSS, con más razón si se aceptara la insuficiencia de las reformas paramétricas en el largo plazo.

Un primer grupo de propuestas ha girado siempre alrededor de la reducción del gasto, y dicha reducción no debería deteriorar la eficiencia del sistema de seguridad social. Entre estas medidas aparece el polémico ajuste de la fórmula para calcular las prestaciones calculadas sobre los salarios de los trabajadores durante 14 años y 4 meses con un techo máximo equivalente en córdobas a 1 mil quinientos dólares. Este ajuste es muy polémico, porque se basa en el aumento del número de años de cotización y en el rompimiento del techo salarial objeto de cotización, y fue rechazado en la reforma de la seguridad social del año de 2013.

El argumento de la mayor longevidad de los nicaragüenses, resultante de las mejoras de la salud y la mayor esperanza de vida al nacer, genera otro polémico ajuste que es el aumento de la edad de jubilación, que actualmente es de 60 años. Las personas que por primera vez entran al mercado laboral y a la seguridad social podrían estar sujetas a una mayor edad de jubilación, incluso en términos progresivos acorde con las mayores esperanzas de vida. Por ejemplo, un joven nicaragüense de 18 años que ingresa por primera vez al mercado laboral tiene una esperanza de vida al nacer de 66 años.

Otra polémica medida de reducción del gasto es disminuir el monto de las pensiones de vejez, como porcentajes de los salarios devengados. El riesgo inherente a esta medida es que si las reducciones de las pensiones o de las prestaciones provocan dificultades económicas verdaderas, las personas tendrían derecho a prestaciones complementarias.

Otra vía de reducir el gasto es analizar el mecanismo de ajuste de las pensiones de jubilación, que históricamente han sido la tasa de devaluación nominal de 5% anual y la variación del salario mínimo legal para ajustar la pensión mínima. El mecanismo de ajuste apropiado es índice del costo de la vida, o sea, la tasa de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional.

Por el lado del aumento de los ingresos, ya no es viable continuar aumentando los aportes del empleado y del empleador a la seguridad social. En este ámbito, lo único que cabría es proponer un aporte del Estado de Nicaragua al fondo de pensiones del INSS. Otra posible vía es que el INSS promueva la formación de ahorros para la jubilación y las pensiones, que están exentos de impuestos en Nicaragua.

Finalmente, entre las posibles políticas de reforma estructural para salvar al INSS de una debacle financiera en el futuro no es recomendable privatizar el sistema de seguridad social ni ni invertir los fondos de la seguridad social en acciones, porque preocupa el riesgo de las crisis de las bolsas, aunque si se invierten en títulos públicos aumenta los costos de endeudamiento del Estado y afecta al mercado privado de acciones.

En conclusión, la situación financiera del INSS continúa siendo un reflejo de los severos problemas estructurales del sector real (de la producción) y del mercado laboral (informal) de Nicaragua.

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