Economicas

Impactos de las sanciones financieras de Estados Unidos a Venezuela

Néstor Avendaño / Blog personal / El Aventino

Presentación1

Las sanciones financieras anunciadas el 25 de agosto del año en curso por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, a través del Departamento del Tesoro, prohíben transar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y su empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), las transacciones en bonos y acciones propiedad del sector público venezolano, y los pagos de dividendos al gobierno de Venezuela, como los enviados a Caracas por CITGO (Corporación Petrolera CITGO), filial de PDVSA, con seis refinerías, cuarenta y ocho terminales de abastecimiento y distribución, y seis mil estaciones de gasolina en la costa este de Estados Unidos, desde los años ochenta del siglo pasado. Estas sanciones excluyen al sector petrolero, el núcleo de la economía venezolana, pues no prohíben la exportación de crudo a Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro emitirá licencias con un período de liquidación de 30 días para permitir transacciones que, de otro modo, quedarían prohibidas por este decreto, entre ellas las vinculadas con la exportación y la importación de petróleo.

El decreto ejecutivo firmado por el Presidente Donald Trump indica que el gobierno de Venezuela ya no tiene acceso a una importante fuente de financiamiento externo y el gobierno de Estados Unidos protege su sistema financiero para evitar que se convierta en cómplice de la corrupción de Venezuela y del empobrecimiento que sufre el pueblo venezolano.

Esta es la cuarta ronda de sanciones que el Estados Unidos ha emitido contra el Presidente Nicolás Maduro y su círculo íntimo, incluyendo funcionarios gubernamentales y ejecutivos de PDVSA.

Cabe recordar que el gobierno de Donald Trump impuso recientemente sanciones financieras y jurídicas contra el presidente Nicolás Maduro y una veintena de sus funcionarios y ex colaboradores, acusándolos de quebrantar la democracia, corrupción y violación de los derechos humanos.

El 31 de agosto de 2017, Nicolás Maduro fue el primer presidente latinoamericano incluido por el Departamento del Tesoro en la lista negra de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC). El 13 de febrero de 2017, el Vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, también fue incluido en la lista OFAC, y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le anuló su visa estadounidense, la confiscó propiedades y le prohibió realizar transacciones o comerciales con instituciones estadounidenses.

¿Afectan estas disposiciones del gobierno de Estados Unidos a las empresas o los productores nicaragüenses? En términos generales, no; en términos particulares, sí, sólo en el caso de que la empresa cuente con una participación de capital accionario de origen estadounidense de 50% o más y más, suscriba contratos, colabore o preste ayuda financiera a las empresas y personas venezolanas que estén en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, a menos que la OFAC la autorice o exima expresamente por ley. No hay un monto mínimo o máximo sujeto a las regulaciones.

Todas las personas estadounidenses deben cumplir con los reglamentos de la OFAC, incluyendo todos los ciudadanos de los Estados Unidos y residentes extranjeros permanentes (o sea, los que tienen una green card), independientemente de dónde se encuentren, todas las personas y entidades dentro de los Estados Unidos, todas las entidades constituidas en los Estados Unidos y sus sucursales fuera de Estados Unidos.

En Nicaragua, PDVSA es dueña del 51% del capital accionario de ALBANISA, por lo cual los ciudadanos y las entidades estadounidenses deben revisar todas las transacciones con ALBANISA para asegurar el cumplimiento de las sanciones de la OFAC.

¿Cuál es el riesgo que correrían esas personas jurídicas, principalmente entidades financieras, y personas naturales de origen estadounidense si no acataran las sanciones financieras anunciadas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela? Las sanciones de la OFAC prohíben generalmente las transacciones que involucren, directa o indirectamente, a una persona bloqueada o sancionada, sin autorización de la OFAC. La sanción se aplica aun cuando la persona bloqueada actúa en nombre de una entidad no bloqueada. Las personas estadounidenses podrían ser tratadas por el gobierno de Estados Unidos como narcotraficantes, criminales internacionales o terroristas.

La inclusión de un funcionario del Gobierno de Venezuela en las listas de la OFAC no significa que el propio gobierno de Venezuela también esté bloqueado. Las prohibiciones se aplican sólo a las transacciones o tratos con los individuos y entidades cuyos bienes e intereses en la propiedad estén bloqueados.

Por ejemplo, una entidad bancaria con capital accionario estadounidense mayoritario o una persona estadounidense retiraría su apoyo financiero a personas o entes relacionados con el gobierno de Venezuela, no les concedería préstamos ni transarían bonos de PDVSA y del gobierno de Venezuela, ni cualquier título valor emitido por esas instituciones venezolanas después de junio de 2017.

¿Alguna entidad financiera radicada en Nicaragua estaría condicionada por las sanciones estadounidenses? En la actualidad, no, porque las participaciones mayoritarias de capital en los bancos privados radicados en el país corresponden a inversionistas nicaragüenses, colombianos, panameños, hondureños y venezolanos. El ultimo banco con capital estadounidense que estuvo radicado en el país fue Citi Bank, que vendió sus acciones a FICOHSA, un banco hondureño.

¿Cuáles serían los principales efectos sobre la economía de Venezuela? Las finanzas externas de Venezuela, ya afectadas por los bajos precios internacionales del petróleo, se deterioran más por las sanciones estadounidenses, por lo cual el gobierno venezolano, al entrar en default muy probablemente en octubre y noviembre de este año, tendrá que recurrir a un período de gracia de 30 días para honrar algunos bonos de deuda emitida por PDVSA y el gobierno y el Banco Central de Venezuela, que están en manos de bancos de inversión, tales como Goldman Sachs y Nomura, y en el fondo buitre Fintech. Esto obstaculizará o impedirá cualquier reestructuración de la deuda pública externa venezolana contraída durante el boom petrolero que duró hasta el año de 2012.

Como en el caso argentino, cuando cae el precio de los bonos se activan los fondos buitres y éstos comienzan a construir sus portafolios de deuda potencialmente en default. Ante la falta de pago de la deuda soberana, surgirán las demandas que tendrá el Gobierno de Venezuela en los tribunales internacionales.

En conclusión, las personas estadounidenses, jurídicas y naturales, deben tener el cuidado especial de no realizar negocios con entidades no bloqueadas en las que están involucrados, directa o indirectamente, individuos bloqueados o sancionados. Las personas estadounidenses no pueden celebrar contratos firmados por un individuo bloqueado.

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