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Consumidores y usuarios, con leyes de papel

*Henry Peralta Argeñal / El Aventino

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Fotografía: El19digital

 “Derecho que no se defiende es derecho que se pierde” (eslogan de una ONG) y “Derecho que se desconoce es como si no existiera” son dos frases que explican por qué, muchas veces, la insatisfacción de los consumidores y usuarios no pasa de un intercambio de malas experiencias entre ellos, o de un reclamo —en ocasiones iracundo— a quien los atendió.

Es decir, las quejas no trascienden al ámbito de la denuncia ante la autoridad competente debido a que se desconoce la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, y esto lo aprovechan las empresas para incumplirla.

Una queja diaria que queda en el “aire” es que los establecimientos y casas comerciales cambian el dólar a una cantidad inferior de la oficial, aunque dicha normativa estipula en su arto. 9 que están obligados a “aplicar el tipo de cambio oficial del día, establecido por el Banco Central de Nicaragua, en el cobro por la venta de bienes o servicios cuando previo acuerdo voluntario de las partes, su importe sea pagado por la persona consumidora o usuaria en moneda extranjera. Se exceptúan de esta obligación los servicios financieros brindados por las instituciones bancarias supervisadas y reguladas por la SIBOIF”.

Otro caso es el abuso de las compañías de telefonía celular que envían mensajes sobre promociones desde las 6:00 a.m., incluso llaman por la noche y en fin de semana. En ese sentido, el arto. 25, de la Ley 842, dice en su párrafo segundo: “Las personas proveedoras no contactarán a las personas consumidoras de sus productos, de manera directa o indirecta, para el ofrecimiento de promociones o publicidad antes de las ocho de la mañana ni después de las cinco de la tarde, y solamente podrán contactarlos en horas y días laborales”.

Sobre los reclamos formales, son cuantiosos los referidos a las facturas eléctricas alteradas y el mal servicio en el transporte urbano colectivo de Managua. El año pasado, el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (Indec) recibió 52.000 denuncias contra el primer sector y 1.535 contra el segundo, en su mayoría por acoso sexual —a causa del exceso de pasajeros, lo que, además, facilita los robo—,  porque los conductores no se detienen en las bahías y por la música a alto volumen.

En las últimas situaciones descritas, se contraviene el inciso 17 del arto. 6. (Ley 842), en el cual se establece que las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a “estar protegidas en relación a su vida, seguridad y sus bienes, cuando haga uso de los servicios de transporte terrestre, acuático y aéreo, todo a cargo de las personas proveedoras de estos servicios, que tienen que indemnizarlos cuando fueren afectados”.

En fin, para que los consumidores y usuarios puedan ejercer y demandar sus derechos resulta indispensable que se apropien de ellos y de los mecanismos legales creados para tal objeto. 

  *Periodista y docente universitari

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