Economicas

Cerró el telón de la mesa del salario mínimo legal

Néstor Avendaño

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Sin el consenso deseado entre empleadores y trabajadores, el Ministerio del Trabajo (MITRAB) fijó la tasa de ajuste anual de 10.4% para el salario mínimo legal que será entregado en dos semestres, es decir, 5.2% a partir del recién pasado 1 de marzo y 5.2% a partir del próximo 1 de septiembre del año en curso.

La decisión del MITRAB tuvo el estilo salomónico, al fundamentarla sobre el ajuste propuesto por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que lo elevó de 8.25% para un año (2018) a 10.4% anual para dos años consecutivos (2018 y 2019), y sobre el plazo de un año de los ajustes propuestos por los sindicatos, que tuvieron un mínimo inicial de 9.5% de la Cámara Nacional de la Micro y Pequeña Industria y Artesanía (CONAPI) y un máximo de 14.0% para los trabajadores del campo y de 13% para el resto de las actividades económicas de la Confederación General de Trabajadores independiente (CGT-i). La Central Sandinista de Trabajadores (CST) propuso un ajuste que no debía ser menor que 11% y el Movimiento de Unidad Sindical Nicaragüense propuso un aumento del 12%.

Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), firma consultora que dirige el suscrito, siempre ha manifestado que el ajuste anual del salario mínimo legal debe realizarse acorde con el espíritu de su ley, o sea, debemos respetar la ley, aunque no la compartamos. Si una de las partes que integran la mesa del salario mínimo legal no está conforme con esa ley salarial, puede presentar una nueva propuesta para su discusión y lograr su consenso en el marco del diálogo gobierno-empresarios-trabajadores, y enviar ese consenso a la Asamblea Nacional para su aprobación legal. Todo esto es posible con el diálogo, pero es imposible con la confrontación.

Hay que distinguir dos ajustes del salario, el nominal y el real.

El ajuste nominal o en precios corrientes, que es el más usual, teórica y empíricamente no es nada más que reconocer la inflación pasada, o sea, la tasa de inflación del índice de precios al consumidor (IPC). En 2017, la tasa de inflación del IPC fue 5.7%, según la cifra oficial estimada por el Banco Central de Nicaragua (BCN).

Sin embargo, la ley indica que el ajuste anual del salario mínimo legal (nominal o en precios corrientes) es igual a la suma de la tasa de crecimiento económico y de la tasa de inflación del IPC nacional correspondientes al año anterior. Al observarse en 2017 una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) Real de 4.9%, cifra oficial preliminar también estimada por el BCN, el ajuste nominal del salario mínimo legal debería ser 10.6% en 2018, que es dos décimas porcentuales mayor que la aprobada por el MITRAB. Dicho sea de paso, la ley también señala que el costo de la canasta de consumo básico puede ser tomado como una referencia para la fijación del ajuste del salario mínimo legal, y la tasa de inflación de dicho costo, según el BCN, fue 6.4% 2017, siete décimas porcentuales mayor que la tasa de inflación del IPC Nacional.

El ajuste real del salario, el que no se discute y es muy mencionado en la mesa del salario mínimo legal como el “poder adquisitivo” de dicho salario, observó un aumento de 2.6% en 2017 porque su ajuste nominal de 8.4% fue mayor que la tasa de inflación anual de 5.7%.

El ajuste real o en precios constantes del salario depende del comportamiento de la productividad del trabajo y ésta no depende exclusivamente de los trabajadores, sino también del Estado y de los empresarios, o sea, depende del progreso técnico y, consecuentemente, de la acumulación de capital real por trabajador. Preguntas clave para esta discusión serían, entonces, cuál es la variación de la cantidad de bienes por un trabajador ocupado pleno, o sea, de una persona que trabaja ocho horas diarias, y cuál es la variación de la cantidad de servicios producidos por un trabajador ocupado pleno, tomando en cuenta los ingresos y los gastos administrativos de la empresa.

No obstante que la tasa de crecimiento potencial de la economía de Nicaragua es 4.1% en el período 2006-2017, que es la tasa de crecimiento promedio anual del PIB Real, en ese mismo período la productividad del trabajo caía con una tasa promedio anual de 0.94% y el poder adquisitivo del salario mínimo legal subía con un ritmo promedio anual de 6.2%.

A mayor productividad, mayor salario real, nos dice la teoría económica, pero en Nicaragua esto no se cumple por la persistencia de algunos problemas estructurales de la economía de sobra conocidos, cuyas soluciones, aunque sean de largo plazo, pueden discutirse en el marco del diálogo gobierno-empresarios-trabajadores.

Tomando en cuenta los datos oficiales del país disponibles a la fecha, entre esos problemas estructurales se distinguen el nivel de escolaridad de 6.1 años de estudios de la población; el subempleo afecta al 42.6% de la población ocupada y aproximadamente la mitad de los subempleados devenga un salario mensual menor que el salario mínimo legal, lo cual es ilícito; no se ha restablecido el sistema de educación técnica media y superior; no existe una efectiva banca estatal de fomento que facilite simultáneamente el crédito y la tecnología a los productores que no son sujetos de crédito en la banca comercial convencional; y la gran inequidad de la distribución del ingreso, que se ejemplifica con el hecho de que 42.5% de la población del país no puede adquirir con todos sus ingresos todos los 23 productos alimenticios de la canasta de consumo básico.

Sí cabe destacar de que el Estado ha facilitado el mejoramiento y la ampliación de la infraestructura económica, pero actualmente la inversión pública apenas participa con el 22% en el monto del gasto total del presupuesto nacional, limitando el alcance de un crecimiento económico acelerado y sostenible.

Por supuesto que existen más observaciones para lograr una adecuada ley de salario mínimo, entre las cuales podrían mencionarse la necesidad de relacionar el salario mínimo con el costo de los alimentos, o sea, con el costo de una canasta básica alimentaria que garantice la ingesta per cápita diaria de 2,455 kilocalorías, tomando en cuenta que el tamaño promedio actual de una familia es de 4.34 personas; determinar el patrón de consumo de la población rural y los precios al consumidor rural, que en la actualidad son desconocidos; especificar el valor de la alimentación que reciben los jornaleros agrícolas como parte adicional al salario mínimo legal; garantizar la seguridad alimentaria, desde la producción, pérdidas post cosechas y comercialización de alimentos hasta la manipulación de los mismos por parte de las familias; y, por supuesto, a un nivel macro, desarrollar un modelo económico pro pobre y reducir la inequidad de la distribución del ingreso.

copades

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