Economicas

En pro de un gran acuerdo nacional

Por: Néstor Avendaño

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Los macroeconomistas debemos analizar la economía sin consideraciones y adulaciones políticas, sin influencias o sin imperativos políticos, para poder sugerir las políticas económicas y facilitar la toma de las decisiones presidenciales, aún con el persistente obstáculo institucional de no tener un acceso adecuado a la información pública sobre variables macroeconómicas importantes, tales como la población económicamente activa, el número de empleados por actividad económica, los volúmenes físicos de producción industrial manufacturera, los saldos adeudados a cada uno de los acreedores externos del sector público, entre otras variables, a lo cual se agrega la calidad cuestionada de la estimación de otros indicadores económicos, tales como la tasa de crecimiento económico, la tasa de desempleo abierto, la tasa de desempleo equivalente asociada con el subempleo y el índice de pobreza en función del consumo en vez del ingreso, a manera de ejemplo.

La grave crisis política que se ha generado por la aprobación de un conjunto de medidas que supuestamente apuntaban a resolver la inviabilidad financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), es un ejemplo que se debe tomar en cuenta para la aprobación de futuras decisiones presidenciales. Los servidores públicos, especialmente los ministros y directores de instituciones públicas, deberían presentar al presidente de la República los impactos de las políticas propuestas, sean sectoriales o macroeconómicas, y el asesor económico presidencial, sobre la base de datos económicos confiables, debería funcionar como un control de cordura no sólo de los economistas gubernamentales sino también del consejero de confianza como ha denominado el gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI) desde el año de 2012.

Lo más grave que ha ocurrido en Nicaragua es la muerte y la desaparición de muchas personas, principalmente estudiantes universitarios, que se manifestaron con justa razón contra la política del salvataje “temporal” del INSS -lo que hizo rebalsar el vaso- y, en un segundo plano, la alteración del desempeño de la economía del país que impactará las condiciones sociales de la mayoría de la población, principalmente los pobres.

El índice de riesgo-país de Nicaragua ha pasado de un nivel moderado a un nivel alto, debido al creciente riesgo político que ha estado acompañado, hasta hoy, de un riesgo económico y un riesgo financiero muy bajos. El alto riesgo político ya desestimuló el gasto inversionista del sector privado, tanto nicaragüense como extranjero. El flujo más importante de recursos externos, la inversión extranjera directa ha contribuido a mantener el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica, después de que el crédito petrolero de Venezuela se desplomara en 2016. Las remesas, que financian el gasto de consumo familiar, constituyen el segundo flujo de recursos externos más importante del país.

Un menor gasto inversionista desaceleraría la tasa de crecimiento del volumen de producción de bienes y servicios, aumentaría el subempleo y el desempleo abierto, robustecería la presión inflacionaria y deterioraría el poder adquisitivo de los asalariados. Por el lado del gasto, disminuiría el valor de las exportaciones de bienes y servicios -el turismo ya recibió el impacto y el valor neto de la maquila podría disminuir en el muy corto plazo-, pero también disminuiría el valor de las importaciones por los menores niveles de producción y de consumo de productos finales. Consecuentemente, la brecha externa disminuiría y, por ende, la necesidad de financiamiento externo sería menor, tal como ocurre en el país cuando ocurren recesiones económicas mundiales, pero en esta ocasión como un resultado del mayor riesgo político interno.

La política monetaria, descalibrada desde marzo de 2016, sería más restrictiva para garantizar la estabilidad del tipo de cambio y contrarrestar la aceleración de la tasa de inflación. Desde el 11 de abril recién pasado, el Banco Central de Nicaragua (BCN) rompió la barrera de 3 veces la base monetaria en concepto de disponibilidad de reservas internacionales brutas, a pesar de que la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica del país indica un mínimo de 2.5 veces.

Para reducir el monto de dinero que circula fuera del sistema financiero nacional, en el transcurso de este año la autoridad monetaria ha incrementado sus compras de dólares en la mesa de cambio y ha dependido más de las subastas de Letras porque la tasa de encaje efectiva diaria sobre los depósitos en córdobas en el sistema financiero nacional ha subido a 21.4%, mientras que la legal es del orden de 12%.

En economía, nada es gratis. Cualquier beneficio económico tiene un costo, y este último nunca es mencionado por los servidores públicos. La desaceleración de la tasa de crecimiento de la oferta de dinero o, en el peor de los casos, la reducción del medio circulante continuaría desacelerando la tasa de crecimiento del gasto de consumo individual, lo cual se observa desde mayo de 2016, y también impactaría la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) real ya desacelerada por el menor gasto de inversión privada.

Ese comportamiento de la oferta y la demanda global incidiría en una menor recaudación de impuestos del Gobierno Central y muy probablemente conduciría a un aumento del déficit ante la ausencia de una reducción del gasto de consumo público. En otras palabras, disminuiría el ahorro gubernamental o el balance en cuenta corriente del presupuesto nacional, y no se podría tener el “colchón” fiscal equivalente a 1.6% del PIB que fue sugerido por el FMI en abril de 2017 para enfrentar los riesgos de la economía del país. Cabe recordar que el gasto de inversión pública está garantizado por las nuevas contrataciones de deuda externa, principalmente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Sólo un acuerdo político nacional evitará mayores riegos económicos y financieros. El diálogo del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil, los empresarios y los sindicatos, con la mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, facilitarían ese gran acuerdo. Sólo en esa forma podrían disminuir los graves riesgos que enfrenta la economía nacional.

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