Economicas

Los excesos que rebalsaron el vaso

 

Nestor avendaño

Hace un poco más de un mes, escuché reiteradamente que la reforma de las tasas de contribución a la seguridad social de los empleadores como de los empleados, así como quitar el 5% de las pensiones recibidas por los jubilados para financiar el gasto de salud en que incurre el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y el establecimiento de una nueva fórmula que disminuye el monto de las pensiones futuras, fue la gota de agua que hizo rebalsar el vaso y dio lugar a una protesta nacional emprendida por los estudiantes universitarios y a una inapropiada respuesta policial. A esta protesta nacional, llamada por muchos una “revolución no armada”, se sumaron organismos de la sociedad civil y los empresarios.

Cabe preguntarnos cuáles fueron las causas económicas que llenaron de agua al vaso, a sabiendas que también existen causas políticas ya manifestadas por la población en general, tales como la debilidad del Estado de Derecho, la frágil institucionalidad democrática, la falta de transparencia electoral, la falta de independencia de los Poderes del Estado, la falta de respeto a los derechos humanos y la falta de acciones gubernamentales para erradicar la corrupción.

Los problemas estructurales de la economía pueden ayudarnos a explicar esas causas económicas que han llenado de agua al vaso. Se puede identificar rápidamente cuatro problemas económicos que han generado presiones sociales desde hace varias décadas.

El problema estructural más importante es que desde 1990 las políticas públicas no han incidido en una reducción significativa de la desigualdad de la distribución del ingreso en Nicaragua, a pesar del importante crecimiento económico anual de entre 4.4% y 6.5% observado en el período 2010-2017, con una tasa promedio anual de 5.2% que la he calificado como insuficiente para reducir el subempleo, el desempleo y la pobreza de los nicaragüenses. El Coeficiente de Gini, una medida de la desigualdad de la distribución del ingreso, con un rango de 0 (igualdad total) a 1 (máxima desigualdad), bajó en Nicaragua de 0.49 en 1993 a 0.38 en 2014.

Un ejemplo de la desigualdad de la distribución del ingreso en Nicaragua es que, de acuerdo con los datos de la VI Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) de 2014, el 42.4% de la familias, con todos su ingresos, no podía adquirir todos los 23 alimentos de la canasta de consumo básico, cuyo costo oficial en abril de 2018 fue C$8,796.40, equivalente a US$281.68 y, además, el 61.6% de la familias, también con todos sus ingresos, no podía comprar todos los 53 productos de la canasta de consumo básico, que al mismo mes de abril tenía un costo de C$13,268.59, equivalente a US$424.89. Sobre la base de datos publicados por el INSS, al mes de marzo recién pasado el salario promedio mensual de los 896,869 trabajadores activos que cotizaban la seguridad social era C$10,737.80, equivalentes a US$343.84.

Otro problema estructural ha sido la insuficiente asignación de recursos presupuestarios a la educación pública en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, es decir, el gasto ejecutado por el Ministerio de Educación.  Por ejemplo, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 2017 el gasto total del Ministerio de Educación fue igual a C$12,742.2 millones y al 3.07% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año, bastante alejado del criterio internacional de asignar el 7% del PIB a este gasto público.

También es necesario aumentar y mejorar la distribución del gasto presupuestario destinado a la salud pública, lo cual se puede ejemplificar con la poca de entrega de medicamentos en los hospitales públicos. En 2017, el gasto ejecutado por el Ministerio de Salud fue del orden de C$14,079.3 millones, o sea, 3.39% del PIB, e igual a C$2,228.11 por habitante, equivalente a US$74.15, monto que supera el criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el gasto necesario por persona y por año para proveer un paquete mínimo de servicios “básicos” de salud es de US$35 a US$50. Sin embargo, en 2014, según datos de la VI EMNV, se registró el problema de que el 6.5% de la población total del país no tenía acceso a los servicios de salud, es decir, 411 mil personas tardaron más de una hora en llegar a un lugar de atención médica.

El tercer problema estructural se ubica en el mercado laboral: el subempleo. De acuerdo con información del BCN, en el cuarto trimestre de 2017 el 96.7% de la población económicamente activa (PEA) estaba ocupada (??) y el 42.7% del total de las personas ocupadas estaba subempleada (‼), por lo cual la tasa de desempleo abierto fue apenas 3.3% (??).

Una persona subempleada trabaja menos de ocho horas diarias o devenga un salario mensual menor que el salario mínimo legal. Con la indisponibilidad de los datos oficiales de la PEA y del total de personas ocupadas del país y aceptando los indicadores del mercado laboral del BCN antes mencionados, podemos concluir, con estimaciones propias, que 1 millón 357 mil personas estuvieron subempleadas en Nicaragua en el cuarto trimestre del año pasado, es decir, 1 millón 357 mil personas económicamente activas que lucharon para sobrevivir junto con sus familias.

El cuarto y último problema estructural importante fue el desplome del crédito petrolero muy concesional de Venezuela, desde el monto promedio anual de US$541 millones en el período 2010-2014 a US$30.9 millones en 2017, lo cual comenzó a observarse a partir de 2016 y que afectó dos objetivos muy sensibles en el ámbito de las políticas del país.

Por un lado, se redujo el financiamiento de la reducción de la pobreza extrema: el 31.6% del monto total del préstamo petrolero venezolano correspondiente al período 2010-2017 fue destinado a donaciones que financiaron principalmente los proyectos Bono Solidario, Soberanía y Seguridad Alimentaria Nacional, Infraestructura Habitacional e Infraestructura Urbana y Rural; por otro lado, la posición de las reservas internacionales brutas oficiales quedó desprotegida, por lo cual el BCN profundizó la política monetaria contractiva para garantizar la estabilidad del tipo de cambio y de una baja presión inflacionaria, pero con el costo de acentuar la desaceleración del crecimiento económico del país.

Entre 2007 y 2017, según datos oficiales, la cooperación petrolera de Venezuela totalizó US$3,833.5 millones, mientras que la inversión extranjera directa de Venezuela en la refinería y la generación de energía eléctrica sumó US$1,059.4 millones. En conclusión, no se pudo encontrar a un sustituto de Venezuela.

Los macroeconomistas recordamos la “Ley de Dornbusch”, nombrada así en reconocimiento al profesor Rudiger Dornbusch, economista alemán, doctorado en la Universidad de Chicago y profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (q.e.p.d): “Las crisis tardan más en llegar de lo que pueda imaginarse, pero cuando llegan, se producen con más rapidez de lo que pueda imaginarse”

copades

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