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Obediencia Vs Ilicitud

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En este mes de abril sangriento y genocida que ha perpetuado el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua y ciertos funcionarios públicos, nos lleva a realizar una reflexión jurídica para indagar la responsabilidad que tienen las fuerzas policiales en su actuar personal en estos días de luto para el pueblo nicaragüense.

Muchos aducirán que actúan y obedecen órdenes, y que están sujetos entonces a la obediencia debida, sin embargo este privilegio no sería aplicable en el caso concreto por una serie de factores que explicaremos a continuación desde el punto de vista jurídico.

En su momento este eximente de responsabilidad penal se aplicaba en las sentencias a grupos militares y fuerzas de seguridad (policiales) que normalmente cumplen ordenes de forma inmediata sin debate ni reserva, sin embargo su alcance ha sido cuestionado y reducido después de la Segunda Guerra Mundial y, en concreto, tras los juicios de ­Nuremberg, al considerar estos que la eximente de obediencia debida no era aplicable en determinado tipo de delitos: los crímenes de guerra. Esta excepción, establecida por el Esta­tuto del Tribunal de Nuremberg y aplicada por este en sus sentencias, fue aceptada por la Asamblea General de la ONU de 31 de diciembre de 1950, al establecer en su principio IV que “el hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su gobierno o de un superior jerárquico no la exime de responsabilidad conforme al derecho internacional, si efectivamente ha tenido la posibilidad moral de ­opción”.

El arto 1 de la Ley 872 que reformo la ley 228 de la Policia Nacional nos dice: “estará sometida a la autoridad civil que será ejercida por el Presidente de la Republica en su carácter de Jefe Supremo de la Policía Nacional.” Es evidente que es el Presidente quien da la orden de atacar y disparar a gente civil sin armas, y esa orden fue ejecutada por sus altos mandos. Sin embargo no están eximidos de esos crímenes por la supuesta obediencia debida. Pues sólo han de ser obedecidas las órdenes lícitas y debe ser desobedecida las ilícitas. Mas esto coloca al subordinado en la necesidad de valorar la orden recibida antes de ejecutarla, a efectos de darle cumplimiento o no.

Por tanto el policía que disparó, golpeó, agredió, torturo, e hizo tratos crueles y lesionó tuvo opciones legales en el momento que le dan la orden, por su misma ley en sus artículos 1 que dice: “… la policía se regirá en estricto apego a la Constitución de la Republica” por tanto su jefe jerárquico y el mismo presidente no están por encima de la Constitución. Y la orden fue ILICITA de disparar a gente sin armas. Pues en Nicaragua no existe GUERRA, sino una manifestación pacífica. (Rolan muchísima evidencia visual, testifical presencial de estos actos).

La orden de disparar para matar, es ILICITA pues se opone al orden Constitucional a los derechos humanos en los siguientes artículos. El policía que obedeció la orden, es responsable de delito penal, aunque alegue obediencia debida. Tuvo opciones de negarse pues no estábamos en guerra ni tampoco fue por defensa propia.

La orden dada era ilícita, ilegal, improcedente e inconstitucional, basado lógicamente en el arto 23 Cn que dice: “El derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana. En Nicaragua no hay pena de muerte.”  También por el arto 182Cn que nos dice que ninguna “órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones”- refiriéndose a la constitución- pues el titulo X nos habla de la supremacía de la Constitucional a quien todos debemos obedecer incluyendo el Presidente. Así mismo el policía, que en estos días tuvo opciones de no ejecutar la orden porque violaba el principio de legalidad en su arto 32Cn que dice: “Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe” es responsable. Nadie puede ser obligado a matar, por tanto son responsables de delitos de lesa humanidad porque pudo y tuvo opción de negarse a ejecutar ese ilícito. Se define crimen de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional así: “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Tales como asesinato, exterminio, torturas, encarcelamientos, persecución a un grupo o colectividad con identidad propia, desapariciones forzadas de personas y actos inhumanos”.

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