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Nicaragua en vista de recesión económica

Nestor avendaño

Demasiada optimista la declaración del presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, de que “en las próximas semanas en el país se inicie una recuperación económica y se vuelva a la senda del crecimiento sostenido”, con un repunte en julio y agosto, y “un crecimiento de 1% del PIB” en este año.

En economía es muy fácil caer, pero demasiado difícil levantarse, porque no se trata de un juego de restar y sumar, mucho menos de un juego suma cero, sino de restablecer la confianza de los inversionistas para volver a crear empleos y  para atraer la inversión extranjera directa que, antes de la crisis política del 18 de abril, constituía la principal fuente de financiamiento del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. No se trata de un juego de quitar y poner, porque también hay que restablecer la confianza de los consumidores que ahora demandan dinero con fines precautorios, al no saber cuántos ingresos recibirán dada la destrucción de los puestos de trabajo, ni cuántos pagos tendrán que efectuar dado el nivel de incertidumbre.

Sólo con la observación empírica, a esta fecha se puede prever que al concluir el tercer trimestre de este año el país caerá técnicamente en recesión económica. El año económico de Nicaragua se inicia con el ciclo agrícola a partir de mayo-junio, y este ciclo 2018/2019 observa descuidos e impactos con el suministro de insumos, el otorgamiento de préstamos y la toma de tierras, que se remontarán hasta el primer cuatrimestre del próximo año con la disminución de la oferta de productos agroexportables.

Por otro lado, la reforma del actual presupuesto gubernamental ya fue anunciada por el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, debido a los “atrasos (en la ejecución de programas y proyectos de inversión del sector público) por los tranques y la inestabilidad”, y agregó que “ni el Gobierno Central ni las alcaldías van a despedir personal y trabajadores”, por lo cual dio a entender que se mantendrá el gasto de consumo público no obstante su reconocimiento de que existe una “desaceleración económica”. Lo que se observa realmente es una caída económica y, con esa decisión política sobre el gasto gubernamental, se puede esperar una ampliación del déficit fiscal que podría superar el máximo tolerable del 3% del PIB.

Ante esa situación, el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional adelantó la reforma tributaria, ya contemplada en la Ley de Concertación Tributaria en vigor desde el 1 de enero de 2013, que reduce las exoneraciones (del IVA) “en este momento en el que tenemos una caída importante de nuestras recaudaciones” y, además, la revisión de la Ley de Precios de Transferencia en vigor desde julio de 2017, cuyo resultado no ha sido el esperado.

Cabe anotar que la eliminación de las exoneraciones del IVA a las importaciones de materia prima, maquinaria y equipo del sector agropecuario, de la pequeña industria manufacturera y de la pesca artesanal provocará un aumento de los costos de producción y, por ende, de los precios al consumidor de productos de origen agropecuario, principalmente alimentos, y acelerará la tasa de inflación con el consecuente deterioro del poder adquisitivo del salario. Sin embargo, la eliminación de dichas exoneraciones obliga, por la equidad tributaria, a disminuir la tasa de este impuesto que es de 15%, sencillamente por la razón de que es alta debido a las exoneraciones existentes.  ¿Se disminuirá la tasa tributaria del IVA?

La inconformidad política, mucho menos la inestabilidad política, no son señales adecuadas para realizar reformas tributarias. Aunque aparentemente se obvia la inviabilidad financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en esos contextos son más prudentes las reformas del gasto público, principalmente aquéllas que conduzcan a elevar la productividad de los servidores públicos; en otras palabras, es preferible reducir el gasto de consumo público, incluso con reformas estructurales, que faciliten posteriormente un mayor espacio fiscal a la inversión pública para acelerar el crecimiento económico.

Y sobre la línea de recortar el gasto público, ahora aparece una propuesta de cuatro diputados de la Bancada de Unidad Liberal para anular las pensiones vitalicias que el Estado paga a los expresidentes y ex vicepresidentes de la República. En 2018, el pago presupuestado de las pensiones a 3 expresidentes y 5 exvicepresidentes totaliza un monto equivalente a 600 mil 416 dólares y a 0.004% del PIB esperado en este año, insuficiente para contener el alza del índice de pobreza. Una reforma estructural para reducir el gasto de consumo público no debería sólo apuntar a partidas presupuestarias, mucho menos sólo a una de ellas, sino también al tamaño del aparato gubernamental, comenzando por la reducción del número de magistrados en los cuatro Poderes del Estado.

Finalmente, el diputado Wálmaro Gutiérrez aseguró que continuará el diálogo entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios, con la variante de que el espacio dejado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM) será ocupado por los propietarios de las micro, pequeña y mediana empresas y por las cooperativas, “que producen el 47% del PIB”.

El diputado Gutiérrez debe tomar en cuenta que aproximadamente el 80% de los ocupados trabaja en empresas que no cuentan con registros contables, que el 43% de los ocupados está subempleado y que gran parte de las micro y pequeñas empresas están inmersas en el mercado informal y afectadas por el subempleo. Estos problemas dificultarían el funcionamiento adecuado del nuevo modelo y el logro de los objetivos de la política económica y del crecimiento económico, por lo cual los servidores públicos también deberían buscar un nuevo tipo de relación con la gran empresa privada.

Si las políticas públicas le hubiesen dado la debida atención gubernamental a esas unidades de producción que generan el 47% del PIB, seguramente serían menores los problemas estructurales de la economía informal y el subempleo.

 

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