Negociaciones y negociaciones

He iniciado la lectura del libro “La batalla por la paz”, del ex Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre las negociaciones que pusieron fin a uno de los más largos y sangrientos conflictos políticos-militares del mundo. De esa experiencia, como de cualquier otra sobre conflictos o crisis, podemos extraer lecciones pertinentes para las negociaciones que se está sosteniendo en el campus del INCAE, entre la Alianza Cívica y gobierno de Ortega.

He titulado este artículo “negociaciones y negociaciones”, porque de otras experiencias negociadoras pueden extraerse lecciones, pero que sin adaptación a cada caso particular puede incurrirse en errores de apreciación, de grandes consecuencias negativas.

La primera lección del libro de la referencia, “lograr una correlación favorable de fuerzas”, se podía adivinar. En el caso de Colombia, para las guerrillas resultaba obvio que la persistencia en la lucha armada no era viable después del fortalecimiento del ejército. La extrapolación de esa conclusión para el caso de las negociaciones que se llevan a cabo en nuestro caso, es la siguiente: ¿Es posible acaso, para los diversos actores que tienen incidencia directa o indirecta en la mesa de negociaciones del INCAE, que se pueda recuperar la estabilidad del crecimiento económico autoritario, que teníamos antes de abril de 2018?

¿Es posible, después de tantos asesinatos, represión, presos, exiliados, que se recupere esa estabilidad y ese crecimiento económico?

¿Es posible que Ortega rehaga sus alianzas nacionales e internacionales, después de semejante violación a los derechos humanos?

¿Regresarán los nicaragüenses sus depósitos en el sistema financiero?

¿Volverán las inversiones privadas, nacionales y extranjeras?

¿Se normalizarán los desembolsos de los organismos financieros internacionales?

¿Volverán los turistas?

¿Dejará de ocuparse del caso de Nicaragua la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)? ¿Y la OEA? ¿Y Amnistía Internacional y Human Right Watch? ¿Y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos? ¿Y el Parlamento Europeo?

¿Y cesará la demanda de justicia de la Conferencia Episcopal y los organismos nacionales de Derechos Humanos? ¿Y cesarán las protestas?

Si la respuesta a esas preguntas es afirmativa, carecería de sentido la línea roja que ha trazado la Alianza Cívica en las negociaciones: adelanto de las elecciones y liberación de todas y todos los presos políticos, así como la restitución de todos los derechos.

A inicios de la crisis publiqué en este medio un artículo titulado “Estallaron todos los agravios”, en que hacía un rápido inventario de los abusos cometidos por la dictadura de Ortega, que habían conducido a la crisis. Ahora los agravios acumulados son infinitamente mayores. La línea roja trazada por la Alianza Cívica no es una carta de negociación, sino una exigencia de la moral, la justicia, la política y la economía.

Sugerencia de un programa de emergencia económica nacional

La economía continúa en picada, por la permanente y creciente desconfianza de los agentes económicos, el sobrepeso de las tasas tributarias y de las tasas de interés y la ausencia de un diálogo económico entre gremios de productores e instituciones públicas correspondientes, es decir, entre agricultores y ganaderos con el Ministerio de Agricultura, entre industriales y comerciantes con el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, entre banqueros y el Banco Central de Nicaragua, complementados con el diálogo entre los representantes de las grandes, medianas, pequeñas y micros empresas con la entidades públicas globalistas, tales como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para abordar problemas como los creados con la reciente reforma tributaria, o el Banco Central de Nicaragua para normalizar la política financiera y considerar el problema monetario provocado por la incertidumbre política y la excesiva dolarización extraoficial de la economía que se tradujo en una fuga masiva de los depósitos en moneda extranjera.

Por el lado de la negociación política en la mesa del Diálogo Nacional, que desde el inicio se caracterizó por su lentitud sofocante en la aprobación de la agenda de trabajo y por la falta de sagacidad política de varios de sus miembros, inesperadamente, sorpresivamente, apresuró sus pasos y el viernes 29 de marzo sus participantes aprobaron en forma “masiva” los acuerdos sobre los derechos y garantías ciudadanas, los derechos de concentración, manifestación y movilización pública, el cese de las detenciones ilegales de los ciudadanos que se manifiestan en contra del gobierno, la garantía del derecho de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, el desarme de paramilitares, las garantías procesales de exhibición personal y amparo, la garantía de los trabajadores para participar en las gestiones empresariales por medio de sus organizaciones de conformidad con la ley y el derecho irrestricto a todas las formas de propiedad. Pero el sábado 30 de marzo se dio de nuevo un choque entre miembros de la Policía Nacional y la población.

Los participantes de la mesa del Diálogo Nacional aún no se han pronunciado en sus acuerdos sobre la justicia y las elecciones presidenciales anticipadas y es muy probable que lo hagan entre el lunes y miércoles de esta semana, tomando en cuenta que la fecha perentoria del funcionamiento de dicha mesa se amplió del 28 de marzo al 3 de abril del año en curso, lo que busca evitar las sanciones financieras internacionales ya conocidas en la “Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018” aprobada por el Congreso de Estados Unidos a finales del año pasado.

Pero volvamos a la economía. Con nuestros datos de COPADES, ya que el BCN cesó la publicación de sus datos de producción en septiembre del año pasado, y tomando en cuenta los impactos de la incertidumbre política y de la reforma tributaria en vigor desde el 1 de marzo recién pasado, se corre el riesgo de la paralización del ciclo agrícola 2019-2020, aunada con la caída de la producción de agroexportación del ciclo agrícola 2018-2019, mientras que la actividad de la construcción se desploma y la actividad comercial continúa deprimiéndose, agravada por el creciente desempleo y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios. En este escenario probable de 2019, la producción de bienes y servicios tiende a caer 10.6%, la tasa de desempleo abierto más la tasa de desempleo equivalente relacionada con el subempleo se aproxima al 36% de la población económicamente activa, o sea, el ejército de desempleados o de personas que no generan ingresos aumenta hasta 1 millón 380 mil personas, y la tasa de inflación anual alcanza la barrera del 8%.

Debido al deterioro progresivo de la economía observado a lo largo de un año, sugerimos a las autoridades nacionales la formulación y ejecución de un plan de emergencia económica. Su objetivo central sería proteger el nuevo año económico de Nicaragua, es decir, el ciclo agrícola 2019-2020, y mejorar el clima empresarial con el restablecimiento del diálogo económico y de la confianza inversionista. Las tareas inmediatas serían (i) la reducción del alza arbitraria de los costos de producción y, por ende, de los precios al consumidor, causadas por las tasas tributarias, las tasas de interés y las tasas de contribución de la seguridad social; y (ii)  la normalización de los flujos crediticios con el apoyo extraordinario de líneas de crédito de emergencia productiva facilitada por la banca central, incluso considerando el restablecimiento de una política de crédito dirigida para apoyar las actividades agropecuarias y los procesos productivos agroindustriales. Estos lineamientos de política de emergencia económica facilitarían contrarrestar la depresión económica, estimular la inversión y crear empleos. En estos momentos, aún estamos a tiempo de hacerlo, pero también se podría agregar que la crisis monetaria nos ha empujado a que analicemos y respondamos la pregunta ¿Dolarización Oficial o Desdolarización, mejor dicho, Recordobización?

Y no debemos obviar la atención de la política social a los más necesitados. Sugerimos que es necesario meditar en el ajuste del salario mínimo legal, porque los que tienen menos son los más castigados por el descalabro económico nacional. Por supuesto que esa tasa de ajuste sería de un dígito y comparto la opinión reciente de Roberto González, Secretario General del la Central Sandinista de Trabajadores (CST), de que dicho salario, en las circunstancias actuales, podría ajustarse con la tasa de deslizamiento anual del tipo de cambio oficial que es igual a 5%. Pero esta crisis económica también obliga a revisar el actual mecanismo de ajuste de este precio de la fuerza de trabajo, por otro que tome en cuenta a la tasa de inflación y el nivel de la productividad de la economía, es decir, el PIB Real por persona ocupada plena o sólo por persona ocupada, esta última incluye a los subempleados, mas no la tasa de crecimiento del PIB Real como la aplica la Comisión Nacional del Salario Mínimo.

Dos acciones de emergencia adicionales para contrarrestar el deterioro de las condiciones del nivel de vida de la población pobre del país serían el aumento y la mejor calidad del gasto del gasto en educación y salud, pero estas acciones de política social requerirían de una reestructuración del gasto público, que pase, incluso, por el tamaño de los poderes del Estado, así como por la evaluación de la productividad de los servidores públicos.

Finalmente, el programa de emergencia económico propuesto, como cualquier otro programa económico que consideren las autoridades gubernamentales, debe basarse en los criterios de la libre convertibilidad del córdoba y de la estabilidad macroeconómica, pero esta garantía puede cumplirse si la negociación política entre los miembros de la mesa del Diálogo Nacional concilien sus puntos de vista sobre la agenda de trabajo y que ambas partes cumplan efectivamente los acuerdos que se adopten, con lo cual nos libraríamos de la amenaza de que se suspenda la cooperación oficial, principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM/IDA) y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinada al sector público. Cabe recordar que el 80% del gasto de inversión pública depende de los flujos de la cooperación externa principalmente la proveniente de las instituciones financieras multilaterales.