Una preocupante mirada a la realidad de las minerías centroamericanas

Nicaragua es un país productor y exportador neto de metales preciosos.

En Nicaragua, entre el año 2006 y 2018 la producción de oro alcanzo 2.5 millones de onzas troy, mientras que la producción de plata superó 4.3 millones de onzas troy. En el caso del oro, significo un monto acumulado en el valor exportado de US 3.4 mil millones, posicionándose entre los 3 principales productos de exportación del país.

En el año 2018 la empresa transnacional B2 Golg Corp, operando en Nicaragua en las minas El Limón y la Libertad reporta en su sitio web ingresos totales por la venta de oro de US 173.6 millones. De igual manera, HEMCO S.A, operando en Bonanza, reporta ingresos de US 139.5 millones.

B2 Gold Corp es una empresa minera canadiense con sede en Vancouver, que junto con sus subsidiarias, se dedica a la explotación y explotación de oro en Nicaragua, Filipinas, Malí, Colombia, Burkina Faso y Namibia.

En Nicaragua, sus subsidiarias son Triton Minera S.A y Desminic S.A, las cuales operan respectivamente en Mina El Limón (Chinandega- León) y Mina La Libertad (Libertad Chontales), con una participación accionaria del 100% en cada una.

Según sus informes de minería responsable, B2 Corp está sujeta a varias leyes y regulaciones contra la corrupción en Canadá y Estados Unidos.

Durante ese periodo la política gubernamental estuvo orientada a la atracción de inversionistas mineras, triplicó el otorgamiento de concesiones para explotación y exploración, gracias al respaldo de instituciones como el Ministerio de Energía y Minas (MEM),  Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), Centro de Trámites y las exportaciones (CETREX), Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).    

En los países en vías de desarrollo la extracción de minerales no siempre genera beneficios netos y sostenibles a todos los ciudadanos.

En el sector de las industrias extractivas la transparencia y la rendición de cuentas se han concebido como practicas de divulgación oportuna y periódico de información completa; los derechos de explotación gasífera, petrolera o minera que otorgan los estados soberanos.  Sin embargo, en Centro América esto parece ser solo un cuento de hadas. 

En esta región Central de América, son comunes los proyectos mineros emblemáticos y con graves daños sociales, económicos y ambientales, como consecuencia de la explotación minera a cielo abierto y/o artesanal, ya que existen debilidades institucionales, reglas poco claras y una serie de malas prácticas que conllevan a un ambiente de gobernabilidad limitada sobre las riquezas minerales.

Con la consecuencia de la depredación de sus recursos naturales de forma acelerada e irracional y los impactos ambientales trastocan varios países. 

A pesar, de los esfuerzos gubernamentales legales que se han hecho al respecto, por ejemplo, el estado de Nicaragua, según el artículo 76 de la ley 387 Ley especial de exploración y explotación de minas  crea el Fondo de Promoción y Desarrollo y Promoción Minera para financiar y ejecutar actividades de fomento minero, incluyendo investigación básica de los recursos minerales, protección del medio ambiente en materia minera y programas especiales de monitoreo y fiscalización del sector minero.  Esta misma legislación establece que los concesionarios mineros deben efectuar dos pagos principales por el desarrollo y explotación 1 derechos de superficie (canon minero) y 2 derechos de explotación (regalía minera). Así mismo contiene las obligaciones y derechos de los concesionarios mineros, entre ellas el pago de vigencia o superficie. “compensación económica que se confiere al Estado por el área otorgada en concesión minera a medida en hectárea”.

De igual, manera, en junio del 2017, el gobierno de Nicaragua aprobó la ley 953, creadora de las Empresas Nicaragüenses de Minas (ENIMINAS) que goza de amplios beneficios fiscales y cuyo objetivo es el aprovechamiento de los recursos minerales a través del uso de amplias áreas mineras hasta entonces reservadas.

En Honduras

De acuerdo con la valoración del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (2016) en Honduras la implementación de la ETI ha mostrado muchas carencias que limitan su efectividad como mecanismo  de transparencia.

En Costa Rica

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís Quirós, presentó el 5 de Febrero a la corriente legislativa el proyecto de ley 21.782, titulado “Ley para el aprovechamiento rural de los minerales metálicos en Costa Rica”, con el que se pretende derogar la prohibición de la minería a cielo abierto que actualmente rige en Costa Rica.

El texto lo que propone es que se clasifique la minería en mecanismos artesanales, pequeños, medianos y grandes, a fin de otorgar a su vez diferentes tipos de concesiones para la actividad, dependiendo de la cantidad de material que se procese mensualmente.

Desde noviembre de 2010 (y tras el escándalo que significó el caso Crucitas) la Asamblea Legislativa costarricense aprobó una ley que prohíbe los proyectos de minería a cielo abierto en el país debido a la preocupación por el impacto medioambiental de esta práctica.

Dicha prohibición es la que ahora la legisladora Solís se quiere traer abajo con la iniciativa de ley que, con el apoyo del Colegio de Geólogos de Costa Rica, presentó esta semana para su valoración en el Congreso.

Según la legisladora:

He presentado el proyecto pensando específicamente en Crucitas, que es la zona cercana a mi comunidad, que todos bien saben por la cobertura mediática que ha tenido de tráfico ilegal de armas, de personas y de prostitución, que el oro está siendo explotado y se lo están llevando y la gran problemática de contaminación que está teniendo el uso de mercurio y de cianuro en esa zona, y ya es hora de que le pongamos un alto. Tenemos que trabajar por el manejo adecuado de esos recursos y que el dinero se quede en nuestro país y por eso hemos trabajo este importante proyecto”.

Por su parte, Marlene Salazar Alvarado, presidenta del Colegio de Geólogos señaló que:

Nos complace participar del desarrollo de una ley que va a beneficiar no solo a los costarricenses sino principalmente a aquellos de las áreas rurales”.

El proyecto ya fue presentado a la Asamblea Legislativa y se unirá a otros que van por la misma vía en la corriente del Congreso, y entre los que destaca el que presentaron en setiembre del año pasado los diputados liberacionistas María José Corrales Chacón y Jorge Fonseca Fonseca.

Marco Tulio Araya que es ecologista costarricense; y Felipe Ortiz es gestor ambiental nicaragüense, realizaron un informe, sobre el  proyecto Minero Crucitas, que se localiza en el distrito de Cutris, cantón San Carlos, en la provincia de Alajuela Costa Rica, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, en la cuenca del Río San Juan, región de abundante y riquísima biodiversidad.

En el mismo se  enfocaron en  realizar una valoración visual y documental de los daños ambientales que se están generando por la explotación minera artesanal, los cuales impactan de manera directa o indirecta a la Cuenca Binacional del Río San Juan. Muchos de esos daños son irreversibles.

Los daños a los ecosistemas que lograron visualizar durante la visita de campo son severos. Entre ellos  lograron detectar: la pérdida total del bosque primario húmedo tropical, el ensanchamiento o deterioro de los desagües naturales, la generación de muchas toneladas de material de relave dispersas, el cambio de uso de suelos, lo que da lugar a la presencia de malezas y matorrales, además de drenaje ácidos, la pérdida de la belleza escénica, abundantes residuos de desechos sólidos y de heces fecales. Durante el proceso para obtener el oro utilizan mercurio, por lo que la contaminación de suelos y aguas es indiscutible; aguas y sedimentos escurren contaminadas con toneladas de mercurio hacia el Caño Crucitas y el río Infiernillo, cuyas aguas superficiales desembocan en el río San Juan, territorio nicaragüense.

Durante el proceso de trituración del oro hacen uso de la técnica conocida como tómbola, utilizando de 2 a 3 onzas de mercurio por tonelada. Dependiendo de la calidad de la broza, una tonelada de broza equivale a 36 o 30 cajuelas, lo que es igual al contenido de 30 bidones, con capacidad de 5 galones.

Transparencia

El Natural Resource Governace Institute define la gobernanza de los recursos naturales como las reglas, informaciones, procedimientos de supervisión y entorno habilitador que permite que los ciudadanos responsabilicen a su gobierno por administrar su riqueza de los recursos extractivos (Natural Resource Governance Institute, 2017).

Un estudio, que argumenta lo que está sucediendo con la minería, es el denominado “Hacia una ruta por la transparencia y la Rendición de Cuentas en la Minería Metálica en Nicaragua”, elaborado por el Centro Alexander Von Humboltd que consta de 9 capítulos.  El objetivo del informe fue diagnosticar el estado actual de la transparencia y la rendición de cuentas en el sector de la minería metálica en Nicaragua.

Otro análisis elaborado por este misma ONG es el “Diagnostico y Propuestas para mejorar la transparencia y rendición de cuentas en las industrias extractivas en Nicaragua donde se constato que en la práctica hay casos en el otorgamiento de concesiones donde se ha irrespetado el marco jurídico en cuanto a consultas ciudadanas y aval de autoridades locales.

Por su parte un estudio realizado entre el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Publicas de esta entidad en el año 2017 también evidencia entre otros aspectos que el Fondo de Promoción y Desarrollo y Promoción Minera es una instancia gubernamental con nula transparencia.

De acuerdo, con Transparencia Internacional, “La transparencia consiste en arrojar luz sobre reglas, planes, procesos y acciones. Es saber por qué y cuanto. La transparencia garantiza que los funcionarios públicos, gerentes y miembros de juntas directivas y empresarios actúen de manera visible y comprensible, e informen sobre sus actividades. Y significa que el público en general pueda pedirles cuentas. Es la manera más segura de protegerse contra la corrupción.  Nicaragua es percibida como uno de los países más corruptos del continente, superado únicamente por Haití y la República Bolivariana de Venezuela.  “El hecho que el gobierno de Nicaragua no sea participe de múltiples iniciativas internacionales tales como el Open Government Parthersip y en especial de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (ETI, por sus siglas en Inglés), evidencia una política implícita de evasión hacia la transparencia y la rendición de cuentas”.

Otras opciones

La EITI no es la única forma de proporcionar garantías acerca de la transparencia con que se administran los ingresos de los recursos. En el caso de la industria minera de Chile, por ejemplo, la legislación dispone que los datos económicos, financieros, tributarios, sociales y del medio ambiente de las empresas públicas deben divulgar en su totalidad en los informes anuales y trimestrales de finanzas públicas.

En la EITI participan muchos países con similitudes económicas y cercanía geográfica. Las empresas mineras, a través de la Cámara Minera de Nicaragua y a título individual deben mejorar la transparencia y rendición de cuentas, según el Centro Alexander Von Humboltd.

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